El Ejecutivo nacional anunció una estrategia conjunta con la Fuerza Pública para frenar la explotación ilícita de minerales en el departamento del Chocó, con operativos en zonas críticas y apoyo a comunidades afectadas por el impacto ambiental.
El Gobierno colombiano intensificó este martes su ofensiva contra la minería ilegal en el departamento del Chocó, uno de los principales focos de explotación ilícita de recursos en el país, con el objetivo de proteger los ecosistemas, garantizar la seguridad y frenar las ganancias de grupos criminales que financian actividades ilegales en la región.
Las autoridades realizaron un Concejo Extraordinario de Seguridad Ampliado, liderado por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y funcionarios del sector minero, para coordinar operativos conjuntos. Este plan contempla el fortalecimiento del pie de fuerza en Chocó, con más tropas desplegadas para garantizar la movilidad en corredores estratégicos como la vía Quibdó–La Mansa.
Según fuentes oficiales, los nuevos controles incluyen operativos de inteligencia, interdicción horizontal de maquinaria y desmantelamiento de unidades de producción minera clandestinas que operan sin títulos legales. En uno de los más recientes procedimientos, la Policía y la Fuerza Pública intervinieron complejos de minería ilícita con capacidad de producción mensual significativa de oro, destruyendo equipos e incautando maquinaria valorada en varios miles de millones de pesos.
El Gobierno explicó que estas acciones responden al aumento de la minería ilegal en múltiples municipios del país —incluido Chocó— donde el fenómeno afecta no sólo los recursos naturales, sino también la seguridad de las comunidades y la calidad de los cuerpos de agua. La explotación ilícita de minerales, según datos oficiales, representa una amenaza ambiental y social que continúa expandiéndose en zonas rurales con presencia limitada del Estado.
Representantes de las autoridades han señalado que las medidas buscan equilibrar la defensa del ambiente con el respeto a los derechos de las comunidades locales y los pequeños mineros que están en proceso de formalización, evitando penalizar la minería tradicional realizada con permisos legales.
Analistas ambientales han destacado que la minería ilegal en el Pacífico colombiano ha dejado impactos significativos en ríos y bosques tropicales, con el uso de mercurio y maquinaria pesada que altera el suelo y contamina las fuentes hídricas. El Gobierno afirma que el fortalecimiento institucional y los operativos integrales son clave para revertir estos efectos y desarticular las redes criminales detrás de estas actividades ilícitas.
