El Decreto 0742 de 2026 convierte el cierre minero en una etapa obligatoria y fija compromisos ambientales, laborales, sociales y financieros.
El Gobierno colombiano expidió la primera reglamentación integral para el cierre de minas en el país, una medida que busca evitar que los proyectos extractivos terminen dejando pasivos ambientales, obligaciones laborales pendientes y territorios sin alternativas económicas.
El nuevo marco fue establecido mediante el Decreto 0742 del 9 de julio de 2026, que incorpora el cierre como una fase obligatoria dentro del ciclo de vida de los proyectos mineros. La norma exige que esta etapa sea planificada desde la explotación y no únicamente cuando la operación se aproxime a su final.
La reglamentación articula las competencias de los ministerios de Minas y Energía, Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Trabajo. Su propósito es integrar en un solo procedimiento las responsabilidades técnicas, ambientales, laborales, sociales, administrativas y financieras relacionadas con la finalización de una mina.
El cierre deberá planificarse desde la operación
Hasta ahora, Colombia contaba con disposiciones generales sobre el cierre y abandono de minas, contenidas en el Código de Minas y otras normas sectoriales. Sin embargo, el Gobierno sostiene que no existía una reglamentación integral que coordinara las obligaciones de las empresas, las autoridades ambientales y laborales, y las comunidades afectadas.
Con el nuevo decreto, los titulares mineros deberán incorporar medidas de cierre desde la fase de explotación, ejecutarlas progresivamente y mantener mecanismos de seguimiento después de la terminación de las actividades.
La regulación contempla cinco modalidades:
- cierre progresivo;
- cierre temporal;
- cierre anticipado;
- cierre final;
- cierre técnico gradual para pequeña minería y procesos de formalización.
Estas modalidades permiten adaptar las obligaciones al tamaño, duración, condiciones operativas y características sociales y ambientales de cada proyecto.
Protección ambiental y recuperación de los territorios
Uno de los objetivos principales de la norma es garantizar la recuperación de las zonas intervenidas por la minería. Los planes deberán incluir acciones de restauración, estabilización física, manejo de aguas, protección de ecosistemas y control de riesgos posteriores al cierre.
Las áreas donde concluya la actividad minera podrán destinarse a restauración ecológica, conservación de la biodiversidad, producción agropecuaria sostenible, proyectos de energías renovables, turismo, infraestructura comunitaria u otros usos compatibles con la planificación territorial.
El decreto también busca establecer responsabilidades financieras claras para asegurar que existan recursos disponibles para ejecutar las obras y medidas necesarias, incluso cuando una operación deje de producir ingresos.
Según el Ministerio de Minas y Energía, el objetivo es evitar que los costos de recuperación sean asumidos posteriormente por el Estado, las autoridades locales o las comunidades.
Nuevas obligaciones para proteger a los trabajadores
La protección laboral es uno de los componentes más relevantes de la nueva reglamentación. Los proyectos deberán elaborar planes de transición para sus trabajadores y desarrollar procesos de concertación con organizaciones sindicales cuando corresponda.
La norma contempla programas de capacitación, reconversión productiva y acompañamiento institucional, incluidos procesos de formación con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. También exige mecanismos para garantizar el pago de salarios, prestaciones, seguridad social y demás obligaciones laborales durante el cierre.
El Ministerio del Trabajo señaló que la finalidad es impedir que los empleados sean los principales afectados por la terminación de una operación minera, especialmente en regiones cuya economía depende ampliamente de la extracción de carbón, oro u otros minerales.
Estas medidas adquieren especial relevancia en departamentos y municipios donde una sola mina puede concentrar una parte importante del empleo formal, la actividad comercial y los ingresos públicos.
Participación de comunidades y autoridades locales
El Decreto 0742 incorpora la participación de las comunidades como parte de la planificación del cierre. Esto supone que las decisiones sobre recuperación ambiental, nuevos usos del suelo y transformación económica deberán considerar las condiciones y expectativas de los territorios.
La regulación busca que el cierre no sea entendido únicamente como el retiro de maquinaria o la suspensión de la extracción, sino como un proceso de transición territorial.
Este enfoque pretende facilitar la creación de nuevas oportunidades económicas antes de que desaparezcan los empleos y encadenamientos productivos asociados con la mina.
La articulación con alcaldías, gobernaciones, autoridades ambientales y organizaciones comunitarias será determinante para convertir las áreas intervenidas en proyectos productivos, ambientales o de infraestructura con viabilidad a largo plazo.
Seguridad jurídica para empresas y autoridades
El nuevo marco también representa un cambio para las empresas mineras, que deberán incorporar desde etapas tempranas los costos y compromisos asociados al cierre.
Aunque estas obligaciones pueden aumentar las exigencias técnicas y financieras, la reglamentación ofrece mayor claridad sobre los procedimientos, responsabilidades institucionales y condiciones que deberán cumplir los titulares.
Para el Gobierno, esta definición puede fortalecer la seguridad jurídica del sector al reducir la incertidumbre sobre la fase final de los proyectos.
Sin embargo, la efectividad de la norma dependerá de su implementación, de la capacidad de supervisión de las entidades públicas y de la expedición de lineamientos técnicos complementarios.
También será necesario establecer mecanismos diferenciados para la pequeña minería, cuyos operadores pueden enfrentar mayores dificultades financieras y administrativas para cumplir los requisitos.
Una deuda histórica del sector minero
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, afirmó que el decreto busca saldar una deuda histórica con los trabajadores, las comunidades y los territorios.
La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, sostuvo que durante décadas la falta de reglas claras permitió que los impactos ambientales y sociales fueran asumidos por las regiones después de la finalización de los proyectos.
La reglamentación llega en medio del debate nacional sobre transición energética, reducción de la dependencia de los combustibles fósiles y transformación económica de las regiones mineras.
Su aplicación tendrá especial impacto en territorios productores de carbón, oro, níquel y otros minerales, donde el eventual cierre de operaciones puede generar consecuencias ambientales, económicas y sociales de gran escala.
Con el Decreto 0742 de 2026, Colombia establece por primera vez un marco integral para ordenar esa transición. El desafío será garantizar que los planes no permanezcan únicamente en documentos, sino que cuenten con recursos, vigilancia institucional y participación efectiva de las comunidades.
